ESPAÑA: RECONOCEN QUE SE MATÓ EN 2018 A MÁS DE 95.000 SERES HUMANOS POR ABORTO

Pierna de bebé abortado 8 semanas después de la concepción.

El 90,44% de los abortos se ha realizado a petición de la mujer en 2018 y sólo un 5,95% de los casos se acogió al "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada". El negocio privado del aborto se mantiene fortalecido y engrosando sus arcas a cargo de los presupuestos públicos.

Por Nicolás de Cárdenas

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social español ha publicado este miércoles los últimos datos de aborto, que un año más muestra un ligero aumento con respecto a años anteriores. A lo largo de 2018, un total de 95.917 mujeres embarazadas se convirtieron en madres de un hijo muerto a manos de la industria del aborto. Esto supone un incremento del 1,91 por ciento respecto a 2017.

Las cifras confirman un año más que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en julio de 2010 para dar categoría de «derecho» a la muerte provocada de un ser humano antes del nacimiento natural, la Ley Aído, legalizó lo que hasta la fecha suponía un «coladero» para el aborto libre amparado en el supuesto despenalizador del “peligro psíquico” para la madre.

Así, el 90,44% de los abortos se ha realizado a petición de la mujer y en 7 de cada 10 casos (70,51%) se realizaron en las primeras 8 semanas de vida prenatal, mientras que casi la cuarta parte tuvieron lugar entre la semana 9 y la 14 de gestación (23,68%).

Sólo un 5,95% de los casos se acogieron a un supuesto de «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada», lo que evidencia aún más que el aborto a petición es un mecanismo para legalizar los abortos que con anterioridad a 2010 se realizaban bajo fraude de ley.

No llega al 4% los casos en los que se alega el «riesgo de graves anomalías en el feto» o las llamadas «anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable».

En estas cifras no se reflejan aquellas vidas humanas que fueron truncadas antes del nacimiento como consecuencia del uso de sistemas químicos abortivos como las pastillas postcoitales.


Cifras adelantadas, pero ocultadas

Si bien el Ministerio de Sanidad este año ha adelantado un mes la publicación de las cifras respecto a lo que era habitual en los últimos años, que se mostraban en el entorno de los días festivos de Navidad y Nochevieja, no los ha publicitado con una nota de prensa ad hoc, sino como el cuarto epígrafe de otra sobre la financiación de un nuevo anticonceptivo a cargo del Sistema Nacional de Salud.

El negocio del aborto, estable

El hecho de que la mayoría de los profesionales sanitarios no se preste a acabar con la vida de los bebés antes de nacer hace que, pese a que la Ley Aído incluye el aborto en el catálogo de servicios sanitarios con cargo a los presupuestos generales, sea el negocio privado del aborto quien sale más beneficiado.

Así, cerca de 9 de cada 10 abortos (el 87,59%) se han realizado en centros extrahospitalarios, la inmensa mayoría de los cuales (79,52%) están en manos privadas esto es, negocios abortistas. Esto supone el 90,7 del total de abortos notificados: 86.996. A una media de 500 euros por aborto, supondría una facturación de cerca de 43 millones y medio de euros en 2018 para el negocio del aborto.

El número de centros de todo tipo que han notificado abortos en 2018 se mantiene estable respecto al año anterior (211 frente a 212 de 2017), si bien el crecimiento en la última década ha sido constante. En 2009 fueron 141 los centros que notificaron abortos, 70 menos que el año 2018.

De ellos, el 40% son centros sanitarios privados (84), mientras que el resto, 127, son públicos. De estos datos se deduce la fortaleza del negocio privado del aborto en España, donde una minoría de los centros, 4 de cada 10, se hace con la mayoría del negocio del aborto, que se factura a las Comunidades Autónomas a cargo de los impuestos aportados por todos los españoles.


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