Por Paulina Abramovich
La fiscalía principal del país dijo que el número de casos que estaba investigando se había disparado a 119 a medida que más víctimas se presentaban.
Un total de 167 obispos, sacerdotes y miembros laicos de la iglesia están ahora bajo investigación por delitos sexuales cometidos en el país sudamericano desde 1960.
Siete de los investigados son obispos y 96 son sacerdotes, pero no estaba claro por las cifras publicadas el viernes cuántos estaban sirviendo actualmente.
Entre los implicados se encuentra la figura católica más importante del país, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, quien enfrenta acusaciones de que ayudó a encubrir el abuso sexual en su diócesis.
La mayoría de las pruebas en su contra se reunieron durante una búsqueda en las oficinas de la arquidiócesis en Santiago a principios de este mes.
La búsqueda fue ordenada por el fiscal a cargo de la investigación, Emiliano Arias, después de que la iglesia se negó a entregar los archivos a los investigadores, citando la necesidad de respetar a las víctimas.
Ezzati ha negado las acusaciones de que encubrió casos de abuso, incluidos los de un asistente superior, Oscar Muñoz, de 56 años, quién fue encarcelado en julio mientras continúa una investigación sobre las acusaciones de que violó al menos a 7 niños.
INDIGNACIÓN PÚBLICA
Reflejando la indignación pública por los hallazgos de la investigación, el Parlamento chileno ha comenzado a tomar medidas para retirar la ciudadanía del naturalizado Ezzati, nacido en Italia, que ha protestado por su inocencia.
Una reciente encuesta de opinión de los encuestadores Cadem mostró que el 96 por ciento de los chilenos creen que la iglesia encubre sistemáticamente el abuso por parte de los sacerdotes.
El papa Francisco ya se disculpó repetidamente con los chilenos por el escándalo, admitiendo que la iglesia “no escuchó y reaccionó” a las acusaciones, pero prometió “restaurar la justicia”.
En mayo, el pontífice argentino aceptó la renuncia de cinco obispos chilenos en medio de acusaciones de abuso y encubrimientos relacionados.
El propio Francisco se vio sumido en el escándalo cuando, durante un viaje a Chile en enero, defendió al obispo Juan Barros, de 61 años, quien fue acusado de encubrir los abusos que el sacerdote pedófilo Fernando Karadima había realizado en las décadas de 1980 y 1990.
Karadima fue suspendido de por vida por el Vaticano por las acusaciones de abuso sexual infantil.
Francisco finalmente aceptó que estaba equivocado al defender a Barros y posteriormente aceptó su renuncia.
Los fiscales estatales comenzaron a investigar decenas de casos de abuso después de la indignación en todo el país por la propia investigación de la iglesia sobre décadas de abuso por parte de sacerdotes, delitos sobre los que a menudo no tomó ninguna medida o dictó castigos indulgentes.
Ahora los obispos y otros sacerdotes acusados de abuso en Chile enfrentarán toda la fuerza de la ley secular.
119 CASOS
Los fiscales indicaron inicialmente que se habían abierto 38 casos en las 1a semanas de su investigación, que comenzó en julio.
“El número de investigaciones sobre delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica ha llegado a 119 casos”, dijo el fiscal estatal el viernes en un comunicado.
El Vaticano recientemente expulsó a un sacerdote marista Abel Pérez, quien confesó haber abusado sexualmente de 14 menores en la década de 1970.
Admitió los abusos en 2010, pero los maristas solo denunciaron sus crímenes a las autoridades 7 años después.
A principios de este mes, el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, anunció una serie de medidas para “al menos comenzar a resolver el grave problema que tenemos en la iglesia”.
En un intento de apagar los incendios de la crisis que envuelve a la Iglesia Católica en el país de América del Sur por el diluvio de acusaciones contra el clero, los obispos han decidido divulgar públicamente las investigaciones anteriores sobre abusos sexuales de menores.
Anteriormente, los obispos habían insistido en que el derecho canónico prevalece sobre el derecho penal.
Juan Carlos Claret, el líder de un grupo de campaña que se opuso a la política de la Iglesia Católica de transferir sacerdotes acusados de abuso en lugar de despedirlos o entregarlos a las autoridades judiciales,dijo a la AFP que la Conferencia Episcopal ya conocía en 2007 a 120 sacerdotes involucrados en abusos sexuales.
Las autoridades de la Iglesia “podrían y deberían haber actuado” contra los abusadores de niños, dijo el presidente del país, Sebastian Piñera.
Bishop-Accountability
“El número de investigaciones sobre delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica ha llegado a 119 casos”, dijo el fiscal estatal el viernes en un comunicado.
El Vaticano recientemente expulsó a un sacerdote marista Abel Pérez, quien confesó haber abusado sexualmente de 14 menores en la década de 1970.
Admitió los abusos en 2010, pero los maristas solo denunciaron sus crímenes a las autoridades 7 años después.
A principios de este mes, el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, anunció una serie de medidas para “al menos comenzar a resolver el grave problema que tenemos en la iglesia”.
En un intento de apagar los incendios de la crisis que envuelve a la Iglesia Católica en el país de América del Sur por el diluvio de acusaciones contra el clero, los obispos han decidido divulgar públicamente las investigaciones anteriores sobre abusos sexuales de menores.
Anteriormente, los obispos habían insistido en que el derecho canónico prevalece sobre el derecho penal.
Juan Carlos Claret, el líder de un grupo de campaña que se opuso a la política de la Iglesia Católica de transferir sacerdotes acusados de abuso en lugar de despedirlos o entregarlos a las autoridades judiciales,dijo a la AFP que la Conferencia Episcopal ya conocía en 2007 a 120 sacerdotes involucrados en abusos sexuales.
Las autoridades de la Iglesia “podrían y deberían haber actuado” contra los abusadores de niños, dijo el presidente del país, Sebastian Piñera.
Bishop-Accountability
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