ABORTO: PREOCUPACIÓN POR EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL

Cualquier aborto se podría encuadrar dentro de las excusas absolutorias que se analizan y quedar impune. El Código Penal debería ser al menos congruente con los dispositivos constitucionales y los tratados de derechos humanos elevados a la jerarquía constitucional.

El 1 de marzo -al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso- el presidente Macri oficializará la presentación del Anteproyecto de reforma del Código Penal, que fue redactado por la Comisión que encabeza el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky. A partir de allí lo estudiarán los legisladores.

Según anticipó Borinsky a Télam, la Comisión analiza introducir en las -inconstitucionales, nulas y derogadas- excusas absolutorias del actual art. 86 del Código, todos los casos de violación y el peligro para la salud psíquica de la gestante, lo que equivaldría -en la práctica- a la despenalización irrestricta del aborto.

Al incluir todos los casos de violación, la Comisión se hace eco del inicuo pronunciamiento de la Corte sobre el caso FAL, oportunidad en que el máximo Tribunal creó pretorianamente una categoría especial de personas, las que han sido concebidas a raíz de un abuso sexual, a las cuales -sin que calidad alguna suya las distinga de otras- las priva del derecho a la vida del que es titular todo niño por nacer.

En la otra causal de no punibilidad (peligro para la vida o la salud de la madre) se incluirían las posibles afecciones psíquicas de la gestante que son muy difíciles de ponderar e incompatibles con la exigencia de que ese peligro “no pueda ser evitado por otros medios”, como prevé el actual Código Penal. En el caso de una real enfermedad psíquica hay modos de tratarla sin sumarle al padecimiento de la gestante el trauma postaborto. Por otra parte, descartar seriamente la posibilidad de curar una enfermedad psíquica suele superar el plazo de un embarazo. El riesgo para la “salud psíquica”, constituye una brecha sin límites y en los países donde se contempla, la mayoría de los abortos declarados se acogen a este supuesto.

Ambas causales son inmorales e inconstitucionales; la Comisión olvida que el derecho a la vida tiene rango constitucional de primer nivel y que ese derecho, en concreto, constituye el interés superior del niño que las disposiciones constitucionales y legales en vigencia obligan a proteger en primer término y en absoluto, es decir, sin condiciones, por lo que está por encima de toda otra consideración y derechos que, supuestamente, se vean afectados.

La Comisión ya estuvo en Salta y seguirá con las rondas de presentaciones del Anteproyecto el próximo 7 de febrero.

Además de Borinsky integran la Comisión: Carlos González Guerra (director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal), Pablo Turano (fiscal), Carlos Mahiques (juez de la Cámara Nacional de Casación Penal), Patricia Llerena (jueza del tribunal oral Nº26 porteño), Daniel Erbetta (Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe), Víctor Vélez (de la Federación Argentina de la Magistratura), Pablo López Viñals (procurador general de Salta); Guillermo Yacobucci juez del tribunal oral Nº6 porteño y profesor de la UBA y la UA); Fernando Córdoba (docente de la UBA), Patricia Ziffer (secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Yael Bendel (secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social) y Diego Richards en representación del Ministerio de Seguridad.

NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río