DISCURSO DE FRANCISCO ANTE LA ONU (25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

VIAJE APOSTÓLICO DE FRANCISCO

A CUBA, A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Y VISITA A LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS

(19-28 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Señor Presidente,
señoras y señores,

Buenos días. Siguiendo una tradición que me honra, el Secretario General de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta distinguida asamblea de naciones. En mi nombre y en el de toda la comunidad católica, deseo expresarle, Sr. Ban Ki-moon, mi más sincero agradecimiento. Saludo a los Jefes de Estado y de Gobierno presentes, así como a los embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que los acompañan, al personal de las Naciones Unidas que participa en este 70º período de sesiones de la Asamblea General, al personal de los diversos programas y organismos de la familia de las Naciones Unidas y a todos aquellos que, de una u otra forma, participan en esta reunión. Por medio de usted, saludo también a los ciudadanos de todas las naciones representadas en esta sala. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes sus esfuerzos al servicio de la humanidad.

Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Sigo los pasos de mis predecesores Pablo VI, en 1965; Juan Pablo II, en 1979 y 1995 ; y mi predecesor más reciente, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos expresaron su gran estima por la Organización, a la que consideraban la respuesta jurídica y política apropiada a este momento histórico, marcado por nuestra capacidad técnica para superar distancias y fronteras y, aparentemente, para superar todos los límites naturales al ejercicio del poder. Una respuesta esencial, puesto que el poder tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de perpetrar atrocidades tremendas. Solo puedo reiterar el aprecio expresado por mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica otorga a esta Institución y la esperanza que deposita en sus actividades.

Las Naciones Unidas celebran actualmente su septuagésimo aniversario. La historia de esta comunidad organizada de Estados es una historia de importantes logros comunes en un periodo de cambios inusualmente acelerados. Sin pretender ser exhaustivos, podemos mencionar la codificación y el desarrollo del derecho internacional, el establecimiento de normas internacionales sobre derechos humanos, los avances en el derecho humanitario, la resolución de numerosos conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz y reconciliación, y un sinfín de otros logros en todos los ámbitos de la actividad y el esfuerzo internacional. Todos estos logros son faros que ayudan a disipar la oscuridad del desorden causado por las ambiciones desmedidas y las formas colectivas de egoísmo. Ciertamente, aún quedan muchos problemas graves por resolver, pero también es evidente que, sin toda esta actividad internacional, la humanidad no habría podido sobrevivir al uso descontrolado de sus propias capacidades. Cada uno de estos avances políticos, jurídicos y técnicos es un camino hacia la consecución del ideal de la fraternidad humana y un medio para su mayor realización.

También rindo homenaje a todos aquellos hombres y mujeres cuya lealtad y sacrificio han beneficiado a la humanidad en su conjunto durante estos últimos setenta años. En particular, quisiera recordar hoy a quienes dieron su vida por la paz y la reconciliación entre los pueblos, desde Dag Hammarskjöld hasta los numerosos funcionarios de las Naciones Unidas de todos los niveles que perdieron la vida en el cumplimiento de misiones humanitarias y de paz y reconciliación.

Más allá de estos logros, la experiencia de los últimos setenta años ha dejado claro que la reforma y la adaptación a los tiempos son siempre necesarias para alcanzar el objetivo final de otorgar a todos los países, sin excepción, participación e influencia genuina y equitativa en los procesos de toma de decisiones. La necesidad de una mayor equidad es especialmente relevante en el caso de los organismos con capacidad ejecutiva efectiva, como el Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos creados específicamente para hacer frente a las crisis económicas. Esto contribuirá a limitar todo tipo de abuso o usura, especialmente en lo que respecta a los países en desarrollo. Los organismos financieros internacionales deben velar por el desarrollo sostenible de los países y garantizar que no estén sujetos a sistemas de crédito opresivos que, lejos de promover el progreso, someten a las personas a mecanismos que generan mayor pobreza, exclusión y dependencia.

La labor de las Naciones Unidas, según los principios enunciados en el Preámbulo y los primeros artículos de su Carta fundacional, puede considerarse como el desarrollo y la promoción del Estado de derecho, basado en la convicción de que la justicia es una condición esencial para alcanzar el ideal de la fraternidad universal. En este contexto, conviene recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto mismo de derecho. Dar a cada uno lo que le corresponde, para citar la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo ni grupo puede considerarse absoluto, con derecho a menoscabar la dignidad y los derechos de otros individuos o sus agrupaciones sociales. La distribución efectiva del poder (político, económico, relacionado con la defensa, tecnológico, etc.) entre una pluralidad de sujetos, y la creación de un sistema jurídico para regular las reclamaciones e intereses, constituyen una forma concreta de limitar el poder. Sin embargo, el mundo actual nos presenta numerosos derechos falsos y, al mismo tiempo, amplios sectores vulnerables, víctimas de un poder mal ejercido: por ejemplo, el medio ambiente y las vastas filas de los excluidos. Estos sectores están estrechamente interconectados y se ven cada vez más debilitados por las relaciones políticas y económicas dominantes. Por ello, es fundamental defender con firmeza sus derechos, protegiendo el medio ambiente y poniendo fin a la exclusión.

En primer lugar, cabe señalar que existe un verdadero “derecho al medio ambiente”, por dos razones. Primero, porque los seres humanos formamos parte del medio ambiente. Vivimos en comunión con él, puesto que el medio ambiente mismo implica límites éticos que la actividad humana debe reconocer y respetar. El ser humano, a pesar de sus extraordinarias cualidades, que “son signos de una singularidad que trasciende las esferas de la física y la biología” (Laudato Si', 81), es al mismo tiempo parte de estas esferas. Posee un cuerpo moldeado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el entorno ecológico le es favorable. Por lo tanto, cualquier daño causado al medio ambiente es un daño causado a la humanidad. Segundo, porque toda criatura, en particular un ser vivo, tiene un valor intrínseco en su existencia, su vida, su belleza y su interdependencia con otras criaturas. Los cristianos, junto con las demás religiones monoteístas, creemos que el universo es fruto de una decisión amorosa del Creador, quien permite al hombre usar la creación con respeto para el bien de sus semejantes y para la gloria del Creador; no está autorizado a abusar de ella, y mucho menos a destruirla. En todas las religiones, el medio ambiente es un bien fundamental (cf. ibid.).

El mal uso y la destrucción del medio ambiente van acompañados de un implacable proceso de exclusión. En efecto, una sed egoísta e insaciable de poder y prosperidad material conduce tanto al mal uso de los recursos naturales disponibles como a la exclusión de los débiles y desfavorecidos, ya sea por tener capacidades diferentes (discapacidades), por carecer de información y conocimientos técnicos adecuados, o por ser incapaces de emprender acciones políticas decisivas. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y una grave ofensa contra los derechos humanos y el medio ambiente. Los más pobres son quienes más sufren estas ofensas, por tres razones fundamentales: son marginados por la sociedad, se ven obligados a vivir de los desechos y sufren injustamente el abuso del medio ambiente. Forman parte de la extendida y silenciosamente creciente “cultura del despilfarro” actual.

La dramática realidad de esta situación de exclusión y desigualdad, con sus evidentes efectos, me ha llevado, junto con todo el pueblo cristiano y muchos otros, a reflexionar sobre mi grave responsabilidad al respecto y a alzar la voz, junto con todos aquellos que buscan soluciones urgentes y eficaces. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial, que se inaugura hoy, es un importante signo de esperanza. Confío igualmente en que la Conferencia de París sobre el Cambio Climático logre acuerdos fundamentales y efectivos.

Sin embargo, los compromisos solemnes no bastan, aunque sin duda constituyen un paso necesario hacia la solución. La definición clásica de justicia que mencioné anteriormente contiene, como uno de sus elementos esenciales, una voluntad constante y perpetua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi. Nuestro mundo exige de todos los líderes gubernamentales una voluntad eficaz, práctica y constante, medidas concretas e inmediatas para preservar y mejorar el medio ambiente natural y, por ende, poner fin cuanto antes al fenómeno de la exclusión social y económica, con sus nefastas consecuencias: la trata de personas, el tráfico de órganos y tejidos humanos, la explotación sexual de niños y niñas, el trabajo esclavo, incluida la prostitución, el narcotráfico y el tráfico de armas, el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. Tal es la magnitud de estas situaciones y su precio en vidas inocentes, que debemos evitar toda tentación de caer en un nominalismo declarativo que alivie nuestra conciencia. Necesitamos garantizar que nuestras instituciones sean verdaderamente eficaces en la lucha contra todos estos flagelos.

La cantidad y complejidad de los problemas exigen que contemos con instrumentos técnicos de verificación. Pero esto conlleva dos riesgos. Podemos conformarnos con el ejercicio burocrático de elaborar largas listas de buenas propuestas —metas, objetivos y estadísticas— o podemos creer que una única solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos. Nunca debemos olvidar que la actividad política y económica solo es eficaz cuando se entiende como una actividad prudente, guiada por un concepto perenne de justicia y siempre consciente de que, más allá de nuestros planes y programas, tratamos con hombres y mujeres reales que viven, luchan y sufren, y que a menudo se ven obligados a vivir en la más absoluta pobreza, privados de todos sus derechos.

Para que estos hombres y mujeres puedan escapar de la pobreza extrema, debemos permitirles ser agentes dignos de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden imponerse. Deben construirse y permitirse que se desarrollen para cada individuo, para cada familia, en comunión con los demás y en una relación adecuada con todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida social humana: amigos, comunidades, pueblos y ciudades, escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones, etc. Esto presupone y exige el derecho a la educación —también para las niñas (excluidas en ciertos lugares)—, que se garantiza ante todo respetando y reforzando el derecho primordial de la familia a educar a sus hijos, así como el derecho de las iglesias y los grupos sociales a apoyar y asistir a las familias en la educación de sus hijos. La educación concebida de esta manera es la base para la implementación de la Agenda 2030 y para la recuperación del medio ambiente.

Al mismo tiempo, los líderes gubernamentales deben hacer todo lo posible para garantizar que todos tengan acceso a los recursos materiales y espirituales mínimos necesarios para vivir con dignidad y formar y mantener una familia, que es la célula primordial de todo desarrollo social. En términos prácticos, este mínimo absoluto se denomina de tres maneras: vivienda, trabajo y tierra; y espiritualmente, libertad espiritual, que incluye la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los demás derechos civiles.

Por todo ello, la medida e indicador más sencillo y eficaz de la aplicación de la nueva Agenda para el Desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, por parte de todos, a bienes esenciales materiales y espirituales: vivienda, empleo digno y bien remunerado, alimentación y agua potable suficientes; libertad religiosa y, en general, libertad espiritual y educación. Estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común: el derecho a la vida y, en términos más generales, lo que podríamos denominar el derecho a la existencia de la propia naturaleza humana.

La crisis ecológica y la destrucción a gran escala de la biodiversidad pueden amenazar la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de una gestión irresponsable de la economía global, guiada únicamente por la ambición de riqueza y poder, deben servir como un llamado a una reflexión sincera sobre el ser humano: “El hombre no es solo una libertad que crea para sí mismo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza” (Benedicto XVI, Discurso ante el Bundestag, 22 de septiembre de 2011, citado en Laudato Si', 6). La creación se ve comprometida “cuando nosotros mismos tenemos la última palabra… El mal uso de la creación comienza cuando ya no reconocemos ninguna instancia superior a nosotros mismos, cuando no vemos nada más que a nosotros mismos” (ID. Discurso al clero de la diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 de agosto de 2008, citado ibid.). En consecuencia, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la exclusión exigen que reconozcamos una ley moral escrita en la propia naturaleza humana, que incluye la diferencia natural entre hombre y mujer (cf. Laudato Si', 155) y el respeto absoluto por la vida en todas sus etapas y dimensiones (cf. ibid., 123, 136).

Sin el reconocimiento de ciertos límites éticos naturales indiscutibles y sin la implementación inmediata de esos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de “salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” (Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo) y “promover el progreso social y mejores niveles de vida en mayor libertad” (ibid.), corre el riesgo de convertirse en una ilusión inalcanzable o, peor aún, en palabrería vacía que sirve de tapadera para todo tipo de abusos y corrupción, o para llevar a cabo una colonización ideológica mediante la imposición de modelos y estilos de vida anómalos que son ajenos a la identidad de las personas y, en última instancia, irresponsables.

La guerra es la negación de todos los derechos y un ataque devastador contra el medio ambiente. Si deseamos un verdadero desarrollo humano integral para todos, debemos trabajar incansablemente para evitar la guerra entre naciones y pueblos.

Para ello, es necesario garantizar el Estado de derecho indiscutible y el recurso constante a la negociación, la mediación y el arbitraje, tal como lo propone la Carta de las Naciones Unidas, que constituye una norma jurídica fundamental. La experiencia de estos setenta años desde la fundación de las Naciones Unidas en general, y en particular la de los primeros quince años del tercer milenio, revela tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas internacionales como la ineficacia de su falta de cumplimiento. Cuando la Carta de las Naciones Unidas se respeta y se aplica con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como punto de referencia obligatorio de la justicia y no como un medio para encubrir intenciones falsas, se obtendrán resultados pacíficos. Por el contrario, cuando la norma se considera simplemente un instrumento que se utiliza cuando resulta favorable y se evita cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora, liberando fuerzas incontrolables que perjudican gravemente a las poblaciones indefensas, al entorno cultural e incluso al medio ambiente biológico.

El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas establecen los fundamentos del marco jurídico internacional: la paz, la solución pacífica de controversias y el fomento de relaciones amistosas entre las naciones. En contraposición a estas declaraciones, y en la práctica negándolas, se encuentra la constante tendencia a la proliferación de armas, especialmente de destrucción masiva, como las armas nucleares. Una ética y un derecho basados ​​en la amenaza de destrucción mutua —y posiblemente de la destrucción de toda la humanidad— son contradictorios y una afrenta a la esencia misma de las Naciones Unidas, que terminaría convirtiéndose en “naciones unidas por el miedo y la desconfianza”. Urge trabajar por un mundo libre de armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación, en su letra y espíritu, con el objetivo de lograr la prohibición total de estas armas.

El reciente acuerdo alcanzado sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y Oriente Medio demuestra el potencial de la buena voluntad política y del derecho, ejercidos con sinceridad, paciencia y constancia. Expreso mi esperanza de que este acuerdo sea duradero y eficaz, y que, con la cooperación de todas las partes involucradas, dé los frutos deseados.

En este sentido, existen numerosas pruebas fehacientes de los efectos negativos de las intervenciones militares y políticas no coordinadas entre los miembros de la comunidad internacional. Por ello, aunque lamento tener que hacerlo, debo reiterar mi reiterado llamamiento a la dolorosa situación de todo Oriente Medio, el Norte de África y otros países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos, e incluso miembros de la religión mayoritaria que no desean verse envueltos en el odio y la insensatez, se han visto obligados a presenciar la destrucción de sus lugares de culto, su patrimonio cultural y religioso, sus hogares y propiedades, y se han enfrentado a la disyuntiva de huir o pagar con sus vidas, o con la esclavitud, por su adhesión al bien y a la paz.

Estas realidades deberían servir como una seria llamada a la reflexión para quienes tienen la responsabilidad de dirigir las relaciones internacionales. No solo en casos de persecución religiosa o cultural, sino en toda situación de conflicto, como en Ucrania, Siria, Irak, Libia, Sudán del Sur y la región de los Grandes Lagos, los seres humanos tienen prioridad sobre los intereses partidistas, por muy legítimos que estos últimos puedan ser. En las guerras y los conflictos hay personas, nuestros hermanos y hermanas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que son fácilmente descartados cuando nuestra respuesta se limita a elaborar listas de problemas, estrategias y desacuerdos.

Como escribí en mi carta al Secretario General de las Naciones Unidas el 9 de agosto de 2014, “la comprensión más básica de la dignidad humana obliga a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener y prevenir la violencia sistemática contra las minorías étnicas y religiosas” y a proteger a los pueblos inocentes.

En esa misma línea, quisiera mencionar otro tipo de conflicto que no siempre es tan abierto, pero que silenciosamente está matando a millones de personas. Otro tipo de guerra que muchas de nuestras sociedades experimentan como resultado del narcotráfico. Una guerra que se da por sentada y que se libra con dificultad. El narcotráfico, por su propia naturaleza, va acompañado de trata de personas, lavado de dinero, tráfico de armas, explotación infantil y otras formas de corrupción. Una corrupción que ha penetrado en distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, y que, en muchos casos, ha dado lugar a una estructura paralela que amenaza la credibilidad de nuestras instituciones.

Comencé este discurso recordando las visitas de mis predecesores. Espero que mis palabras se entiendan, sobre todo, como una continuación de las palabras finales del discurso del Papa Pablo VI; aunque pronunciadas hace casi exactamente cincuenta años, siguen siendo de gran actualidad. Cito: “Ha llegado la hora de hacer una pausa, un momento de reflexión, incluso de oración, para que podamos reflexionar sobre nuestro origen común, nuestra historia, nuestro destino común. El llamamiento a la conciencia moral del hombre nunca ha sido tan necesario como lo es hoy… Porque el peligro no proviene ni del progreso ni de la ciencia; si se utilizan bien, pueden ayudar a resolver muchos de los graves problemas que aquejan a la humanidad” (Discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, 4 de octubre de 1965). Entre otras cosas, el ingenio humano, bien aplicado, sin duda ayudará a afrontar los graves desafíos del deterioro ecológico y la exclusión. Como dijo Pablo VI: “El verdadero peligro proviene del hombre, que tiene a su disposición instrumentos cada vez más poderosos, tan aptos para provocar la ruina como para lograr grandes conquistas” (ibid.).

El hogar común de todos los hombres y mujeres debe seguir erigiéndose sobre los cimientos de una correcta comprensión de la fraternidad universal y el respeto por la sacralidad de toda vida humana, de cada hombre y cada mujer, de los pobres, los ancianos, los niños, los enfermos, los no nacidos, los desempleados, los abandonados, aquellos considerados prescindibles por ser solo una estadística. Este hogar común de todos los hombres y mujeres debe, además, edificarse sobre la comprensión de la sacralidad inherente a la naturaleza creada.

Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que acepte la trascendencia, la autotrascendencia, rechace la creación de una élite todopoderosa y reconozca que el pleno sentido de la vida individual y colectiva reside en el servicio desinteresado a los demás y en el uso sabio y respetuoso de la creación para el bien común. Parafraseando a Pablo VI: “El edificio de la civilización moderna debe construirse sobre principios espirituales, pues son los únicos capaces no solo de sostenerla, sino también de iluminarla” (ibid.).

El Gaucho Martín Fierro , un clásico de la literatura de mi tierra natal, dice: “Los hermanos deben apoyarse mutuamente, porque esta es la primera ley; mantengan siempre un vínculo verdadero entre ustedes, en todo momento, porque si pelean entre ustedes, serán devorados por los de afuera”.

El mundo contemporáneo, tan aparentemente conectado, está experimentando una creciente y constante fragmentación social, que pone en riesgo “los fundamentos de la vida social” y, en consecuencia, conduce a “batallas por intereses contrapuestos” (Laudato Si', 229).

El presente nos invita a priorizar acciones que generen nuevos procesos en la sociedad, para que den fruto en acontecimientos históricos significativos y positivos (cf. Evangelii Gaudium, 223). No podemos permitirnos posponer ciertas agendas para el futuro. El futuro nos exige decisiones críticas y globales ante los conflictos mundiales que incrementan el número de excluidos y necesitados.

El loable marco jurídico internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas sus actividades, como cualquier otra empresa humana, puede mejorarse, pero sigue siendo necesario; al mismo tiempo, puede ser la garantía de un futuro seguro y feliz para las generaciones venideras. Y así será, si los representantes de los Estados dejan de lado los intereses partidistas e ideológicos y se esfuerzan sinceramente por servir al bien común. Ruego a Dios Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo y mis oraciones, así como el apoyo y las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Católica, para que esta Institución, todos sus Estados miembros y cada uno de sus funcionarios, presten siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y capaz de sacar lo mejor de cada pueblo y de cada individuo, en aras del bien común. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.